España, entre los países requeridos por la Comisión Europea para completar la transposición de la Directiva Marco de Residuos
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España y otros Estados miembros por no haber incorporado completamente a su ordenamiento jurídico las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/851, una norma clave para el desarrollo de la economía circular en la Unión Europea.
En el caso de España, la Comisión considera que la legislación nacional aún presenta carencias en la transposición de algunos aspectos de la Directiva Marco de Residuos, fundamentales para garantizar una gestión más eficiente de los recursos y avanzar hacia los objetivos europeos de prevención, reutilización y reciclaje.
La Directiva (UE) 2018/851 refuerza el papel de la economía circular en las políticas de residuos, estableciendo medidas destinadas a reducir la generación de residuos, mejorar la recogida separada, impulsar la preparación para la reutilización y aumentar la calidad del reciclaje. Asimismo, introduce nuevas obligaciones para los Estados miembros en materia de responsabilidad ampliada del productor, prevención de residuos y seguimiento de los objetivos ambientales.
España ha realizado importantes avances durante los últimos años con la aprobación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que constituye el principal marco normativo nacional en esta materia. No obstante, la Comisión Europea entiende que determinados elementos de la normativa comunitaria aún no han sido incorporados de forma completa o adecuada al derecho español.
Como siguiente paso, el Gobierno español dispone de un plazo de dos meses para responder a las observaciones formuladas por la Comisión y comunicar las medidas que permitan completar la adaptación de la legislación nacional. En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, el procedimiento podría avanzar hacia un dictamen motivado.
Esta actuación pone de manifiesto la importancia de mantener actualizada la normativa española en materia de residuos para garantizar el cumplimiento de los objetivos europeos de economía circular. Una correcta transposición no solo responde a una obligación jurídica, sino que proporciona mayor seguridad regulatoria a las administraciones públicas, las empresas gestoras de residuos y el tejido industrial, favoreciendo la inversión, la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de producción y consumo más sostenibles.
Desde la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Sevilla se seguirá la evolución de este procedimiento, cuyo resultado puede tener implicaciones para la futura adaptación de la normativa española y para el impulso de las políticas de economía circular en nuestro país.
Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_26_1376
